En las últimas décadas las emisio-nes globales de CO2 se han incre-mentado de manera vertiginosa, pasando de 6.000 millones de toneladas en 1950 a unos 36.000 millones en 2015. Es decir, se han multiplicado por seis. A día de hoy, sabemos que para luchar de forma efectiva contra el cambio climático (para que el aumento de temperatura media sea inferior a 2 grados centígrados) debemos reducir las emisiones de CO2 a un ritmo similar al que crecieron en el último medio siglo.
Dado que las emisiones de gases de efecto invernadero se deben principalmente al sector de la energía (en 2015 en la Unión Europea supusieron más del 75%1), el reto del cambio climático afecta a nuestro modelo energético.
La situación actual de nuestro país es similar en muchos aspectos a la de otros países de la Unión Europea: tenemos un sistema energético con una penetración baja de energías renovables (17,3% sobre energía final en 20162). Este porcentaje se reduce al 5,3% en el sector transporte, el principal emisor de gases de efecto invernadero (además de otros contaminantes). En el sector eléctrico seguimos quemando carbón para generar electricidad, una fuente muy contaminante que ha supuesto el 63% de las emisiones del sector para generar tan solo el 14% de la electricidad3. Además, tenemos un parque de viviendas muy ineficientes: el 85% tienen una calificación energética tipo E, F o G.
Ante esta situación ¿cómo podemos redefinir la manera en que, como sociedad, consumimos energía? ¿Cómo transitamos de un sistema energético adicto a los hidrocarburos a otro eficiente y basado en renovables? Para intentar responder a algunas de las cuestiones clave de este proceso, el Gobierno creó el año pasado una comisión de expertos sobre transición energética, de la cual he formado parte. El resultado fue un informe publicado a principios del mes de abril, donde se identifican los principales debates y se analizan diferentes escenarios.
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