El propósito de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de hacerse del control de la seguridad pública vía la Guardia Nacional (GN), quedó en la incertidumbre tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó su incorporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El Máximo Tribunal del país aún no ha precisado los alcances de su sentencia, pero entre los mandos de ese cuerpo está la posibilidad de que sus elementos, que en su mayoría pertenecen a las Fuerzas Armadas, regresen al Ejército y la Marina.
Aunque la Sedena tiene el respaldo legal para mantenerse en labores de seguridad pública hasta el año 2028 en apoyo a la Guardia Nacional, a partir de 2024 deberá ajustarse a la autoridad de la secretaría que está al mando de Rosa Icela Rodríguez, y salir de la órbita de la Sedena.
En qué condiciones deberá hacerlo, se sabrá hasta que la Corte lo aclare en el cierre definitivo del juicio constitucional que sentenció en abril último.
Se trata de un escenario que ni la Sedena ni el presidente Andrés Manuel López Obrador tenían considerado. Como promotora de la creación de la Guardia Nacional, la Sedena perderá el control de más de cien mil elementos, del manejo de cerca de 286 cuarteles construidos hasta ahora y de un presupuesto que para este año ascendió a 34 mil 525 millones 322 mil 208 pesos, de los poco más de 48 mil millones de pesos asignados a la Secretaría de Seguridad.
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